Thomas Jefferson dijo alguna vez “Creo que las instituciones bancarias son más peligrosas que un ejército. Si el pueblo americano alguna vez permite a los bancos privados controlar la emisión de moneda los bancos y las corporaciones que crecerán alrededor de ellos privarán al pueblo de su propiedad hasta que sus hijos despierten sin casa en el continente que sus padres conquistaron." Se refería a un problema central de la economía como lo es el valor del dinero como moneda de intercambio y asimismo, a quien debería regular su existencia y circulación dentro de una sociedad y una economía dada.  En general en todos los países del mundo existe un  banco central se hace cargo de las tasas de interés y del control del suministro de dinero, o lo que es lo mismo de la cantidad de inflación admisible dentro de la economía.   El organismo de que se trate ( Banco Central, la Reserva Federal  etc)  no sólo provee de dinero a la economía de un gobierno, sino se lo presta con interés, entonces, aumentando o disminuyendo el suministro de dinero, el Banco Central regula el valor de la moneda emitida.   En una economía inflacionaria como el banco central tiene un monopolio sobre la producción de la moneda del país entero,  las mayores cantidades de dinero circulantes necesarias sólo pueden venir nuevamente del banco central, lo que significa que el banco central tiene que incrementar constantemente su suministro de dinero para temporalmente cubrir los pedidos de circulante.  El resultado final de este sistema es que es imposible para el gobierno y para el público, salir algún día de esta suerte de deuda auto-generada.   En este contexto, si para una empresa privada la inflación es un pingüe negocio es para aquella, cualquiera sea, que imprima los billetes.  A mayor inflación, mayor impresión de billetes.   Siendo que este gobierno con el actual Vicepresidente Boudou como ministro jamás combatió la inflación sino que la alentó, no podemos menos que sentir una incómoda sensación ante la posible relación entre un Ministro que alienta la inflación y con ello esa mayor cantidad de billetes impresos, y justamente, la empresa que los imprime.       Es por sus denuncias públicas que nos enteramos que existirían una cierta cantidad de empresas ligadas a la impresión de billetes, que todas ellas han sido contratadas en forma directa.  Por acontecimientos de público conocimiento, hemos sabido incluso que cuando el faltante de circulante era muy grande hasta debimos recurrir a la Casa de Moneda de Brasil.   L a moneda latinoamericana más valiosa es el dinero de Brasil, el Real.  Este es impreso en la Casa de Moneda de Brasil, un organismo público, vinculado al Ministerio de Hacienda federal.  Este organismo es responsable de emitir billetes, pero también sellos fiscales, pasaportes, libretas de trabajo, tarjetas de transporte entre otros productos vitales para la economía brasileña.   Todas las etapas de la fabricación de billetes son controladas rigurosamente, incluso con procesos en donde intervienen testigos independientes del Estado.  La preocupación del organismo por la transparencia es tal que en su sitio web se coloca a disposición del público los demostrativos financieros más recientes y toda la información posible acerca de las acciones que lleva adelante en este cometido central.   En triste contraste, el Gobierno Nacional, que se muestra estatista o intervencionista de la economía en su discurso tiene en la práctica  a algo tan sensible como la impresión de los billetes de nuestra moneda en medio de una opacidad y tras un velo de desconocimiento absoluto la cuestión.    A tal punto que para la opinión pública que asiste asombrada a las revelaciones del Vicepresidente, que ataca incluso a sus propios ministros, que denuncia a jueces y fiscales, que logra renuncias de funcionarios de otros poderes, no queda claro quién imprime y con qué ganancia nuestro dinero.    No sabemos si un ignoto empresario belga es quien maneja la economía o si hay en nuestro país alguien preocupado por si se está imprimiendo con rigurosidad  o no, nuestra moneda nacional, ni por qué hay empresas privadas favorecidas o perseguidas por el Vicepresidente inmersas en una cuestión que no puede ser más pública.     Más allá de los dislates y de la suerte política del mencionado Boudou, lo cierto es que la economía de nuestro país, y el bienestar de millones de argentinos, exigen un cambio profundo en las formas y una seriedad en el fondo de una cuestión que hoy lamentablemente brilla por su ausencia.